Por José Calero
Mientras aún retumban los episodios de violencia contra la reforma previsional de diciembre, Mauricio Macri suma otro frente de tormenta para su administración, ante el creciente enfrentamiento con sectores gremiales tradicionales. Dispuestos a no perder su poder, los sindicatos peronistas encontraron en la difusa reforma laboral el enemigo perfecto para aunar fuerzas. El trasfondo es retener la cuota de poder que históricamente mantuvieron, incluido el estratégico manejo de las obras sociales.
La lupa que comenzó a poner la Justicia sobre manejos turbios en los sindicatos y el sospechoso crecimiento patrimonial de gremialistas históricos forman parte de una trama con final abierto. Omar “Caballo” Suárez, Juan Pablo “Pata” Medina, Marcelo Balcedo y Humberto Monteros son los gremialistas presos que dejan al descubierto el poder de fuego, en algunos casos literal, que manejan sectores del sindicalismo que solo responden a sus propios intereses.
A todos se les encontraron fortunas inexplicables y están acusados de extorsión por empresarios que debieron hacer frente a demandas en algunos casos increíbles. El sindicalismo descubrió hace tiempo que podía brindar “servicios” adicionales al de la representación gremial, creando empresas cautivas para ofrecer desde comedores hasta baños químicos. Así, se fueron robusteciendo feudos sindicales que se van transmitiendo de padres a hijos y tienen como distintivo común el manejo de negocios millonarios, cuentas en paraísos fiscales y entramados políticos controversiales.
Una idea que baraja el macrismo terminó de hacer entender a estos sectores que la avanzada iba en serio. Es la iniciativa que apunta a limitar, como ocurre con la política, la reelección indefinida en los sindicatos.
Son numerosos los casos en los que el mismo gremialista detenta el poder hasta desde el retorno mismo de la democracia en los ï80. Se trata de sindicalistas millonarios y poderosos que no tuvieron pruritos en negociar con gobiernos peronistas, radicales o liberales. La resistencia de la CGT a la reforma laboral obligó al gobierno a postergar para marzo el intento de empezar a discutirla en el Senado.
Senadores del PJ como Miguel Pichetto privilegiaron su estrecha relación con los gremios y avisaron que no darían apoyo a los cambios hasta no existir consenso con los caciques sindicales. En medio de esa pulseada, el gobierno espera avanzar con la inclusión en el proyecto de Ley de Etica Pública de un artículo para que los jefes de los gremios y los directores de las obras sociales estén obligados a presentar declaraciones juradas. El objetivo es los jefes sindicales y sus familiares deban abrir la composición de sus bienes. Mientras esa ofensiva se desarrolla, los sindicalistas más tradicionales preparan la resistencia.
¿Barrionuevo y un delito?
Luis Barrionuevo, quien tendió puentes con el macrismo en el arranque de la gestión, llegó al colmo de advertir que Macri podría no concluir su mandato si persistía en su ofensiva. La Justicia debería ahondar en las palabras del jefe de los Gastronómicos para determinar si no constituyeron un delito contra la República. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, buscó restarles importancia, pero la declaración de Barrionuevo se pareció mucho a una amenaza mafiosa: llevate bien con nosotros o podemos hacer caer a tu gobierno. La relación entre el Gobierno y el sindicalismo terminará de definirse en una historia cuyos capítulos finales aún están por escribirse.
La Unidad de Información Financiera investiga el crecimiento patrimonial de Hugo Moyano y el rol de su tercera esposa, Liliana Zulet, quien administra la mayoría de las cajas asociadas al gremio de Camioneros.
Hay movimientos poco claros y millonarios de un lado al otro, y todo confluiría en la familia Moyano, que ya está en el centro de la escena por las escandalosas detenciones en Independiente y los manejos turbios con la barra brava. Pero el talón de Aquiles de Moyano podría ser su sinuosa relación OCA, el correo privado que coquetea siempre con el naufragio.
La UIF investiga negocios entre Moyano y Patricio Farcuh, presidente de OCA, que incluyen movimientos financieros cruzados en los últimos años entre instituciones sindicales y deportivas.
Detectó intercambios de unos 100 millones de pesos entre 2014 y 2016, difíciles de justificar. Por ahora, el gobierno extendió otro mes el plazo para que OCA -tiene unos 7.000 empleados- siga operando a pesar de una millonaria deuda con la AFIP. Mientras crecen las tensiones entre el sindicalismo y el gobierno, Cristina Fernández mira todo el escenario y sonríe. La ex presidenta necesita que al Gobierno le vaya mal para intentar volver en el 2019. Lo demostró enviando a su diputados a estirar la sesión en la que se trababa la reforma previsional mientras se dejaba crecer la violencia a las puertas del Congreso.
El kirchnerismo puso a sus legisladores y la izquierda sus fuerzas de choque, en un oscuro paisaje para la democracia. Son aliados estratégicos porque los une su odio a Macri y lo que representa.
Si logran su propósito, habrá tiempo luego para limar las diferencias de fondo. Por ahora tienen un enemigo común.